Realizado por nuestro compañero José Vicente Pardós, Biólogo

La ordenación de un municipio consiste en dividir su territorio en cuantas zonas se considere necesario con el fin de dar cabida a los distintos usos que en él se puedan dar. Tradicionalmente la ordenación se ha fundamentado en la necesidad de utilizar el territorio con el fin de obtener riqueza económica con la que mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Con esta intención, la mayor parte del territorio adscrito a un término municipal ha sido dedicado a la producción (agricultura, ganadería, industria, minería, etc) quedando reservado el suelo próximo a los asentamientos originarios para el futuro crecimiento poblacional. En el caso de municipios como el de Bétera, que no cuentan con una orografía abrupta o con grandes superficies húmedas, el espacio natural adscrito a su término ha quedado, por tal motivo, relegado a su mínima expresión pues no ha representado ningún beneficio económico para sus habitantes. De hecho la mayor parte de los asentamientos posteriores se han realizado sobre las zonas más altas del municipio en las que la presencia de cultivos, o productividad de los mismos, era menor (campos de secano). Igualmente, y con el fin de incrementar la superficie dedicada al cultivo, se han realizado incluso aterramientos en los márgenes de los barrancos que atraviesan el término reduciendo, aún más si cabe, la superficie natural existente. Por si esto fuera poco, estos mismos barrancos han sufrido una transformación muy severa como consecuencia de la explotación de sus lechos con el fin de obtener el depósito aluvial acumulado a lo largo de su historia. Con el boom de la construcción que se inició ya en la década de los 70 el municipio de Bétera entendió que su ubicación estratégica respecto de la ciudad de Valencia podía suponer un enriquecimiento para el pueblo basado en la potenciación de segundas residencias, en primera instancia, y de viviendas de primera residencia en segunda. Es decir, de un modelo de incremento poblacional estacional se pasó a un modelo de incremento poblacional estable al configurarse el municipio como ciudad dormitorio. En una primera fase, el incremento urbanístico, lejos todavía de ser considerado como un negocio potencial, se produjo de manera desordenada dando lugar a pequeños núcleos residenciales e incluso al asentamiento de viviendas diseminadas. En una segunda fase y con el fin de conseguir un enriquecimiento mayor y más rápido se optó más que por consolidar estos núcleos de población dispersos por crear grandes tramas urbanizadas. Esto dio origen tanto a la culminación de innumerables urbanizaciones como a la apuesta por un futuro basado en un mayor aprovechamiento del suelo con fines urbanísticos. Sin embargo, a la hora de diseñar un modelo de generación de riqueza basado en el urbanismo éste debe contemplar en primera instancia el beneficio que para el comercio interno del municipio debe generar pues el basado en la recaudación de impuestos municipales es inherente al proceso urbanizador e independiente de la ubicación del mismo. Cuando, por el contrario, este criterio queda relegado y subyugado a determinados intereses que no obedecen a criterios de objetividad técnica el modelo de desarrollo urbanístico adolece de grandes problemas de gestión y no redundan, como debieran, en el interés general. Si se observa el planeamiento urbanístico de Bétera se constata que el proceso urbanizador iniciado hace décadas responde a un interés por obtener, por parte de los promotores, una mayor rentabilidad de la edificación ofreciendo un producto atractivo de cara a los posibles compradores por la proximidad de grandes vías de comunicación y otros núcleos de población consolidados en los términos municipales limítrofes y alejados del casco urbano. Es decir, el proceso urbanizador se ha diseñado y desarrollado de espaldas al pueblo por lo que éste no redunda en un incremento del comercio interno más si cabe cuando no se desarrolla, a la par, un buen sistema de comunicación entre los diferentes núcleos. De esta forma, el límite suroeste del término municipal ha quedado totalmente saturado por el proceso urbanizador que, de forma continua, recorre el mismo desde casi Olocau hasta Godella impidiendo, y condenando de igual modo, cualquier continuidad espacial que garantice en un futuro la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad paisajística, valores que en modo alguno han sido considerados por nuestros predecesores como fuentes de riqueza, ya no sólo económica, sino ni tan siquiera vital.

Es por ello que un nuevo modelo de ordenación territorial debe sustituir al establecido como norma con el fin de, no desdeñando la actividad urbanística como fuente de riqueza, garantizar la aportación que el municipio de Bétera debe asumir como obligatoria de cara a garantizar tanto la pervivencia de la especie en el Planeta como la calidad de vida de sus habitantes en un futuro. Está muy bien emocionarse con vídeos que ponen de manifiesto la belleza de nuestro planeta o corroborar con nuestra palabra los preocupantes datos que a diario ponen de manifiesto el deterioro de la salud del mismo y, por ende, del lío en el que nos estamos metiendo. Es muy fácil pedir y firmar peticiones para que se proteja el Amazonas, para que se proteja la Gran Barrera de Coral de Australia o para que no se explote en el Polo Norte. Eso es muy fácil y muy egoísta: que sean otros los que se sacrifiquen. Es hora de abandonar la visión individualista y egocéntrica de los pueblos para apostar, desde el esfuerzo y el sacrificio, por una visión más globalizada asumiendo las responsabilidades que conllevan tal obligación. Con el fin de procurar un desarrollo territorial y urbanístico sostenible la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana determina, entre otras, que: – Se priorizará la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio. – Se optará de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los dispersos – Se ordenará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura territorial supramunicipal. – Se evitará los continuos urbanizados y la conurbación de municipios, preservando corredores libres de edificación y de urbanización entre los distintos núcleos urbanos. En tal modo son prioritarios estos modelos de desarrollo territorial y urbanístico que la propia Ley, en el Capítulo I del Título I, comienza desarrollando el concepto de la Infraestructura Verde estableciendo con carácter general que “la planificación urbanística y territorial definirá y caracterizará la infraestructura verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio”. Pese a que una gran parte del territorio está calificado como suelo no urbanizable (la mayor parte del cual goza de protección agrícola) el suelo forestal adscrito al mismo es muy poco y está muy fragmentado no encontrando masas continuas que puedan garantizar, en un futuro, el mantenimiento o establecimiento de la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad paisajística. No se trata de imposibilitar o estrangular los futuros desarrollos urbanísticos (tanto de carácter residencial como industrial) sino de garantizar el que, con independencia de dónde y cuándo éstos se desarrollen, siempre quede asegurado el mínimo necesario de suelo natural. Es cuestión, por tanto, de regulación, de considerar que es lo prioritario, de supeditar nuestro desarrollo al principio de sostenibilidad. La infraestructura verde estaría constituida, en primera instancia, por todos aquellos espacios que albergan cierto interés desde el punto de vista ecológico. En el caso de Bétera estos espacios se corresponderían con lo que en la cartografía de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Vivienda es considerado como suelo forestal protegido incluido en el Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR). En segundo lugar se incluirían aquellos espacios en los que exista algún elemento del patrimonio histórico cultural incluido, o no, en el Catálogo de Bienes de Interés Cultural. La red quedaría incompleta si no se consigue la interconexión de todos estos espacios ya no sólo entre sí sino también con el conjunto de núcleos urbanos del municipio así como con la infraestructura verde que debería desarrollarse en el resto de municipios limítrofes. De esta forma se crearía el verdadero entramado que permitiría la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad paisajística, ya no sólo a nivel municipal sino, por extensión, a nivel comarcal, provincial, autonómico, nacional, etc. El municipio es, por tal motivo, la unidad básica de ordenación territorial. Si a este nivel se falla no se podrá culminar con garantías el ambicioso proyecto de conservar el mínimo necesario del Planeta que permita un desarrollo sostenible. Los ejes que configuran este entramado se corresponderían con los barrancos y vías de comunicación (tanto antiguas, vías pecuarias, como modernas) garantizando una franja de protección a ambos lados de su trazado lo suficientemente ancha como para permitir tanto su desdoblamiento futuro como el trazado junto a ellas de las redes de distribución energética (gaseoductos, tendidos eléctricos) o redes de saneamiento. En el caso de los barrancos esta franja de protección debería ser de no menos de 100 metros a ambos lados. En el caso de vías de comunicación de primer orden (by-pass) de 200 metros y en las de segundo orden (cv-310, cv-311 y cv- ) de 100 metros. Por último, en las carreteras o caminos asfaltados de menor orden (camino antiguo de la Pobla, etc) esta franja de protección debería ser de 50 metros. En la actualidad la inclusión en la infraestructura verde de estos corredores ecológicos no siempre garantiza la continuidad espacial requerida. En aquellos casos en los que no sea posible alcanzar dicha conectividad ésta se conseguirá merced a la inclusión en la misma de la superficie de terreno agrícola que sea necesaria. En cuanto a los usos y posibles destinos del suelo incluido en la infraestructura verde habrá que diferenciar entre los distintos suelos englobados. Aquellos que en la actualidad alberguen cierto valor ecológico no se podrán destinar a otros usos distintos a los que motivaron su conservación o inclusión en la infraestructura verde. Sólo se podrán realizar construcciones relacionadas con la promoción, divulgación y conservación de los mismos así como sendas o caminos que atiendan al diseño de un recorrido general de la misma. En el caso de que estos espacios se presenten junto a vías de comunicación las infraestructuras a instalar se realizarán siempre en subterráneo (habrá que negociarlo pues no están obligadas por la legislación) y dentro de los primeros 15 metros, en el caso de vías de comunicación menores, y 30 metros en el resto. En las franjas de protección junto a los barrancos y vías de comunicación sólo se permitirán los usos existentes en el momento de su inclusión. La única posibilidad de transformación es la que se derivaría del abandono de los terrenos agrícolas y su paso a terreno forestal. En estas franjas de protección sólo se podrán realizar construcciones relacionadas con la promoción, divulgación y conservación la infraestructura verde así como sendas o caminos que atiendan al diseño de un recorrido general de la misma. El mismo tipo de regulación se establecería para los suelos agrícolas incluidos en la infraestructura verde con la intención de permitir la conectividad entre los distintos espacios forestales. La propuesta que se ha presentado al ayuntamiento de Bétera en relación con la reserva de suelo que debería quedar incluida en la Infraestructura Verde se corresponde con un cuarto de municipio (1.932 has) de las que 684 has (35%) quedarían adscritas a la misma. Esto supondría una superficie mínima aproximada de 2.500 has si tenemos en cuenta todo el municipio. No estamos hablando de una vía verde o de cualquier tipo de actuación que bajo el epígrafe de “verde” enmascare la falta de una verdadera apuesta por un desarrollo sostenible. Se trata de proteger el medio ambiente a modo de tela de araña garantizando al mismo tiempo una movilidad sostenible por todo el municipio. No hay que olvidar que la infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por, entre otros, los siguientes espacios: • El entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores. Cuando en el año 1988 me embarqué en el ambicioso proyecto de conseguir la protección del curso bajo del Turia (lo que hoy es el Parque Natural del Turia) tuve muy claro, y así lo di a entender en cuantos foros tuve la oportunidad de exponerlo que si bien la creación del Parque Natural era importante, por cuanto que estaba en serio riesgo de quedar totalmente degradado o relegado a su mínima expresión como consecuencia del descontrolado urbanismo de la época (véase la urbanización Mas de Traver en Ribarroja) no lo era menos el hecho de que debería ser el punto de partida en la protección de todos los cursos fluviales de la Comunidad Valenciana como ejes vertebrados de una verdadera red de espacios naturales. Diez años después, la verdad, poco se ha hecho (ahora se va a ampliar el Parque hasta Chulilla, por otros motivos, y nada de esto se ha planteado en el resto de ríos y barrancos o ramblas de la Comunidad). Esta sería la Infraestructura Verde de primer orden, la que competería a la Generalitat por el volumen de espacio a proteger y administraciones involucradas. Sin embargo uno no puede aceptar como positivo el hecho de que el Parque Natural de La Sierra Calderona se conecte con el Parque Natural del Turia sólo a través de la Serranía (Olocau-Villar del Arzobispo-Chulilla) ¿Qué pasa con el resto de suelo circunscrito a este perímetro? ¿Lo dedicamos al futuro desarrollo de una mega urbe? Es aquí donde entra en juego la Infraestructura Verde de segundo orden, la que atañe a los municipios por cuanto que son éstos los que deberían asumir tanto su gestión como su financiación. El problema reside en que cada día que pasa más complicado resulta caracterizar y definir la infraestructura verde de un municipio por las transformaciones que se producen de un día para otro. Estamos en el mejor momento para abordar este proyecto. Y lo estamos por los siguientes motivos: – Hay suficiente suelo urbano y urbanizable para satisfacer las necesidades de la próxima década. – Por tal motivo, no hay intereses que puedan condicionar de alguna forma el diseño de la infraestructura verde que requiere el municipio. – El urbanismo descontrolado volverá por lo que ahora es el momento de poner los límites necesarios que impidan los abusos cometidos en el pasado No podemos permitirnos el lujo de seguir cometiendo los mismos errores que nuestros antecesores. Los municipios más próximos a la ciudad de Valencia están condenados a sufrir las mismas dolencias que ahora sufre ésta, donde para mejorar la movilidad sostenible hay que hacer un verdadero encaje de bolillos, no siempre del agrado de todos. Por el contrario, la mayoría de municipios de la plana valenciana tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de su destino gracias a que todavía tienen la suficiente cantidad de suelo municipal libre de urbanismo como para determinar un nuevo modelo de ordenación territorial. Estamos en el 2018 y cuatro años después de la publicación de la última Ley de Ordenación Territorial dudo mucho que ni tan siquiera un municipio haya desarrollado, en su máxima expresión, la Infraestructura Verde. Urge, por tal motivo, el establecimiento de un límite temporal para la implantación de ésta en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. No se puede dejar al libre albedrío de los responsables políticos de turno. En el año 2025 todos los municipios deberían contemplar en su planeamiento el suelo caracterizado bajo el epígrafe de Suelo Protegido Infraestructura Verde. Y para que esto sea posible la Consellería responsable en materia de ordenación y medio ambiente debería postular un modelo en el que los municipios puedan basarse a la hora de reservar el suelo necesario para garantizar una infraestructura verde acorde con las políticas de sostenibilidad que desde cualquier foro técnico se dictan día a día. No basta con proteger los cuatro pegotes que puedan quedar de suelo natural en cada municipio. Con eso no es suficiente. Hay que ir más allá, mirar al futuro y como mal menor, de aquí a quinientos años, por lo menos quedarán grandes avenidas que vertebrarán correctamente los entramados urbanísticos. Para que todo esto pueda ser una realidad es necesaria una financiación acorde con la envergadura del proyecto. Financiación que ha de ser realista y que debe quedar plasmada en el documento que dé luz verde a la creación de la infraestructura verde en el municipio. No nos vamos a engañar, el presupuesto destinado a la conservación del medio ambiente ha sido y seguirá siendo una ridiculez hasta que no llegue la persona con la suficiente capacidad moral de asumir el reto de implantar un impuesto directo que sufrague las necesidades reales en materia de sostenibilidad. Como esto es poco más o menos que imposible lo que hay que plantearse es un plazo de tiempo acorde con las posibilidades de financiación. No se trata de que mañana declaremos la infraestructura verde de un municipio y a los dos años esté hecha. Eso sólo serviría para frustrarnos y tirar por tierra el proyecto. Simplemente hay que tener claro el objetivo y apostar por un plazo de tiempo de entre 30 y 50 años. Calcular el coste real de llevar a cabo todas las actuaciones necesarias y dividir entre los años previstos. A partir de aquí cumplir con los plazos. En base a las horas que he dedicado al cartografiado sobre el terreno del cuarto de municipio objeto de la propuesta, el volcado de datos en gvSIG y la realización de la propuesta a un ayuntamiento como el de Bétera (con 17 millones de euros en su presupuesto) la realización del proyecto para todo el municipio tendría un coste aproximado de entre 75.000 y 100.000 euros. No podemos escudarnos en la falta de dinero para no hacer nada pues la cantidad mencionada no es dinero. Lo importante es consolidar esa reserva de suelo cuanto antes, hacer esa pequeña inversión y con el tiempo, el objetivo claro y constancia culminar el proyecto en su conjunto. Sólo es cuestión de aplicar y ajustarse a la Ley

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