La II República Española representó el mayor esfuerzo modernizador y democratizador de España durante el siglo XX. Por tanto, no es extraño que en la Ley 24/06, de 7 de julio, que declara 2006 como año de la Memoria Histórica,se dijese en el Preámbulo que la II República Española “constituyó el antecedente más inmediato y la más importante experiencia democrática que podemos contemplar al mirar nuestro pasado…”. Éste era el Estado por el golpe militar de 17 de Julio de 1936, dirigido por el general Franco, que las fuerzas rebeldes destruyeron, implantando un Estado totalitario según el modelo entonces creciente en Alemania e Italia. Es ya evidente el papel que representó, desde los inicios de la sublevación, la violencia y la represión como elemento central de la política. Así se ha expresado por los historidores que han estudiado en profundidad el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España: “La violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del Movimiento”.
El documento que hoy distribuye Público tiene una evidente transcendencia histórica que debe ser conocida ampliamente por la ciudadanía. Se trata de una resolución judicial, el auto de 16/10/2008, dictado por el Juzgado Central de Instrucción nº5. Es el auto del Juez Baltasar Garzón por el que se inició el proceso contra los crímenes del franquismo. Por primera vez en nuestra historia, un juez de instrucción, que tiene como función la investigación de los delitos, abría un proceso penal a los responsables de aquel golpe militar tratándoles como lo que fueron, delincuentes y criminales, y aplicándoles, por tanto, el Código Penal. Esta es su novedad radical.
Pero, además tiene otras dimensiones muy importantes. En primer lugar, es la primera vez que los denunciantes, asociaciones por la recuperación de la memoria histórica y familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura, encuentran una respuesta positiva de los tribunales, un juez que les otorga tutela y satisfacción de sus intereses como víctimas del franquismo. Respuesta que contrasta con la pasividad que, con limitadas excepciones, habían encontrado hasta ese momento en la magistratura. Por ello, no resulta extraño que el auto constate que “los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la justicia española, por lo que, hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla…”
Los hechos denunciados fueron los siguientes: “presuntos delitos de detención ilegal, basados en los hechos que se describen en las mismas, fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas(detenciones ilegales) de personas a partir de 1936, durante los años de Guerra Civil y los siguientes de la posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español”, Y, a continuación, el auto describe el origen de los hechos denunciados, es decir, el referido golpe militar y el plan de exterminio que inmediatamente ejecutaron. Así lo hace: “La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936 estuvo fuera de toda legalidad, y (esas personas) atentaron contra la forma de Gobierno en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia como instrumento básico para su ejecución.
Plan que determinó “la detención, tortura, desaparición forzada y eliminación física de miles de personas por motivos políticos e ideológicos, propiciando asimismo, el desplazamiento y exilio de miles de personas, dentro y fuera del territorio nacional”. Entre las consecuencias inmediatas de la insurrección militar, determinante de la resistencia de la República y una larga contienda militar, el juez destaca la atención que exigen las desapariciones forzadas de personas, aquellas que fueron ilegalmente detenidas y cuyo paradero aún se ignora. Según dicha resolución, los desaparecidos alcanzaban la cifra de 114.266. Lo dice así: “Porque sigue habiendo víctimas, y su derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos derivados del mismo, lo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos…”
Para llegar a una conclusión rotunda, con fundamento en los tratados internacionales ratificados por España, sobre la calificación penal de los hechos descritos: “La categoría de crimen contra la humanidad parte de un principio básico y fundamental: que estas conductas agredan en la forma más brutal a la persona como perteneciente al género humano en sus derechos más elementales como la vida, la integridad, la dignidad, la libertad, que constituyen los pilares sobre los que se constituye una sociedad civilizada y el propio Estado de derecho”.
segunda parte:
En reconocimiento a aquellos servidores de la Justicia, Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales, que vieron su carrera y su vida afectadas convirtiéndose en víctimas de la Guerra Civil o posteriormente de la Dictadura franquista.
Carlos Jiménez Villarejo.
La resolución plantea los “principales escollos” jurídicos que podían presentarse para justificar la investigación judicial de ese crimen y la competencia de l Audiencia Nacional sobre el mismo. Cuestiones que bajo el prisma fundamental de la protección de las víctimas, analiza y resuelve con el rigor jurídico necesario. Entre ellas, el carácter permanente de los delitos de detención ilegal y posterior desaparición. Criterio mantenido claramente por la ONU: “Todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos”. Que es, exactamente la situación vigente en España respecto de tantos miles de personas. Como también analiza los límites de la Ley preconstitucional de Amnistía 46/1977 – que declaró la extinción de responsabilidad penal de “todos los actos de intencionalidad política”- y su inaplicabilidad a los delitos que no son “políticos”, sino que alcanzan la categoría de crímenes contra la humanidad, crímenes que no admiten leyes de punto final.
La resolución judicial decide, con los fundamentos expuestos y otros complementarios, “aceptar la competencia por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad”. Como delitos conexos o derivados de los cometidos durante y después del golpe militar, contra “los altos organismos de la nación y la forma de gobierno”.
Como es sabido, el citado auto judicial del juez Garzón y otras de sus resoluciones han dado lugar a la apertura por el Tribunal Supremo de un proceso penal contra él por un supuesto delito de prevaricación, por entender injustificadamente que sus resoluciones han sido “injustas”. Cualquier que sea el resultado del proceso, nada podrá impedir que el citado auto judicial represente un pilar histórico de la respuesta judicial, social y política frente a la dictadura fascista, antecedente inmediato del actual sistema democrático de libertades.
Pero, sobre todo, como han dicho las víctimas, esperanzadas en su día ante esta resolución judicial. “El Estado de derecho tiene una deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil española y de la Dictadura, que se debe enmendar a través del derecho de las víctimas a recursos efectivos como son el ejercicio del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, todos ellos pilares de cualquier Estado de derecho”. Y por ello concluyen: “Basta ya, no a la impunidad”
En reconocimiento a aquellos servidores de la Justicia, Jueces, Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales, que vieron su carrera y su vida afectadas convirtiéndose en víctimas de la Guerra Civil o posteriormente de la Dictadura franquista.
Carlos Jiménez Villarejo.
…Tercera entrega: A rescatar memoria de las fosas comunes de montes y cementerios, de antiguos pozos mineros y otras simas, de la soledad de las cunetas, de fémures y calaveras con agujero en la nuca esparcidas por los montes de Asturias…; memoria, en fin, de muertos y vivos que lucharon contra la dictadura franquista y que permanece arrojada allá en los confines de la historia treinta y siete años después de llegar la democracia, democracia sin mayúsculas, visto lo visto. A ello dedico yo el presente libro, continuación de un primero que lleva por título “Por qué estorba la memoria”.
Resultado de mis investigaciones, presento aquí ciento cincuenta esbozos biográficos de otros tantos guerrilleros y familias que han seguido enarbolando la bandera de la Segunda República más allá de la derrota en las trincheras, reveladores de un compromiso ético sin límites y de la verdadera naturaleza del régimen franquista. Quiero decir fascista. Se trata de historias reales y documentadas, sin concesiones a la fantasía. De ahí que unas vengan más desarrolladas que otras, dependiendo de los datos contrastados que he podido reunir en cada caso. Ello no niega posibles errores, en cuyo caso pido por adelantado que acepten mis disculpas.
Eso sí; son historias narradas desde el compromiso con la causa por la que sufrieron y murieron tantas y tantos en la larga noche del franquismo.
Porque cuando se habla de víctimas y verdugos, de defensores de la legalidad democrática y de fascistas alzados en armas contra la misma, parafraseando al poeta, sin pecado no cabe la neutralidad; hay que tomar partido hasta mancharse.
Para componer estas historias, como es de razón, acudí a diversas fuentes escritas. No obstante, he puesto especial interés en acercarme y tomar testimonio a víctimas y testigos de la represión. Ello por varias razones. La primera porque son las víctimas directas o sus descendientes más cercanos quienes mejor pueden decir hasta que punto siguen abiertas las heridas causadas por la barbarie franquista, lo que es de gran valor en la lucha contra la impunidad. La segunda, porque en muchos casos víctimas y testigos son la única fuente de información que existe, puesto que los represores no dejaron huellas de sus atrocidades. Por último, nadie puede sustituir la palabra de los anteriores, porque además de recuerdos encierra sentimientos; palabra necesaria, cuando existe, para contrastarla con las versiones escritas, especialmente si estas proceden de jueces y policías franquistas, secuaces desaprensivos de la falsificación de los hechos.
El trabajo de investigación que dio como resultado este libro se circunscribe básicamente al ámbito de Asturias, con algunas incursiones fugaces a otros territorios de España y transpirenaicos donde destacaron en el combate antifascista guerrilleros asturianos y se enmarca en el periodo comprendido entre el final de la Guerra Civil en Asturias, y la completa desaparición de las guerrillas antifranquistas en la región, que fueron el alma de lo que podríamos llamar la primera resistencia contra la Dictadura. Me he centrado en ese periodo por ser el más terrible y el más olvidado de la larga noche franquista.
Fueron los guerrilleros y quienes con ellos sostuvieron aquella primera lucha de posguerra los que más alto precio pagaron, en vidas y sufrimiento, por entregarse a rescatar la democracia y las esperanzas que había traído la proclamación de la Segunda República. A cambio, la Transición los arrojaba al olvido más humillante y perturbador para el porvenir de España. A los vivos y a los muertos. ¡ Y allá siguen !, sin el menor reconocimiento a una lucha que representaba el referente inmediato de identidad de los valores democráticos. Los gobiernos de la democracia ni siquiera han tenido la decencia de reparar el estigma que arrojó sobre ellos y ellas la Dictadura. En los expedientes que guardan los archivos oficiales permanecen estigmatizados como bandoleros y malhechores.
En los jirones de memoria que recoge el libro se visualiza escasamente el sacrificio de las mujeres en aquella lucha. De los ciento cincuenta esbozos biográficos solo en uno la protagonista es una guerrillera. Sin embargo, fueron numerosas las milicianas y otras civiles las que se tiraron al monte tras la caída de Asturias. Bien es cierto que como tales resistentes armadas fueron desapareciendo en los dos o tres primeros años de la posguerra, en unos casos eliminadas por sus perseguidores y, en otros, porque se fueron presentando a las autoridades franquistas. Entrados ya en la década de los cuarenta, únicamente tengo constancia de la presencia en la guerrilla de Gloria Magdalena. Si hubo otras, lo desconozco. En todo caso no pasarían de ser contadas excepciones en lo que a Asturias se refiere, a diferencia de otras regiones. El motivo no venía de ellas, sino de la cultura machista dominante. Era mal visto por la población que las mujeres permanecieran en el monte mezcladas con los hombres. Sin embargo, fue fundamental su aportación al sostenimiento de la guerrilla, como enlaces y en labores de avituallamiento, asumiendo con frecuencia las misiones más peligrosas, por suponer que las mujeres pasaban más desapercibidas a los ojos de los represores. Y fueron golpeadas con igual grado de criminalidad, sin distinción de sexo. Es pues de justicia reivindicar la aportación de las mujeres en aquella lucha.
La lucha guerrillera que sucedió al combate en las trincheras estaba cargada de un firme compromiso con la democracia y la República, y tenía una lógica aplastante cuando era de esperar la ayuda de los Aliados para liberar a España de un régimen político impuesto por la fuerza, que había contado con el apoyo decisivo de los Estados nazi-fascistas, alemán e italiano, que estaban siendo derrotados. No fue así por intereses ajenos a los valores democráticos…
Conviene aclarar que si bien comunistas y socialistas formaron el grueso de las guerrillas, con estrategias distintas, también hubo guerrilleros anarquistas y otros republicanos de izquierda, con y sin partido. Ocurrió que estos últimos, tal vez con menores apoyos y por otros motivos, pronto fueron despareciendo, sobre todo eliminados por las fuerzas represivas; otros se entregaron a las autoridades franquistas, y los hubo que se integraron en las guerrillas comunista y socialista. En todos los casos, es de justicia recordarlos.
Las historias que recoge el libro son solo una minúscula porción de lo que verdaderamente significó la lucha contra el régimen de Franco. No obstante, este pedazo de memoria es representativo de lo ocurrido en todas partes de Asturias y de España, en lo que tuvo de sacrificio para los que lucharon en favor de la restauración de la democracia y en lo que fue la acción criminal del Régimen, inspirada en una política de exterminación de toda disidencia.
El secuestro contumaz de esta parte de nuestra historia (y de los tres años de Guerra Civil) no solo supone una gran injusticia con las víctimas de la represión franquista; es, además, CAUSA IMPORTANTE DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL GENERALIZADA Y DE LA INVOLUCION DEMOCRATICA QUE VIVE LA ESPAÑA DEL PRESENTE BAJO EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY. De ello hablo al final del libro.
Diré por último que entre quienes se obstinan en pasar la página de este terrible período de nuestra historia los hay que prolongan vínculos con el régimen de Franco y justifican sus atrocidades; otros, sin embargo, siempre fueron parte de la oposición antifranquista, más o menos activa. Pero también estos últimos, objetivamente, se hacen cómplices de l gran injusticia, al “sostenella y no enmendallaa”.