por Rita Teixidó

Desde que, el pasado 10 de enero, nuestra Ministra de Igualdad, Irene Montero, entregara  el borrador de la Ley de Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, a la Vicepresidenta Carmen Calvo, se ha abierto un debate sobre la necesidad y aspectos relevantes de esta Ley que, a nuestro parecer está fuera de toda duda. Más aun cuando, en este borrador han intervenido colectivos LGTBI y catedráticos de derecho, adecuándose y teniendo en cuenta las necesidades que más afectan a las personas trans.

Constitución Española
Art. 10: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad son fundamento de orden político y de la paz social”

Art. 18.1: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”

Art. 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin (…) discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición…”


Atendiendo a la Constitución, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, aunque “la condición” de transexual no aparezca expresamente mencionada en su artículo 14 como uno de los concretos supuestos en que queda prohibido un trato discriminatorio, es   indudablemente una circunstancia que debe incluirse en la cláusula: “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” que pueda ser objeto de cualquier tipo de discriminación.

Por tanto, si entendemos que lo que une la “condición” de transexualidad con el resto de supuestos mencionados en este artículo es que, todos ellos han sido entendidos históricamente como una diferencia arraigada respecto de la “normalidad” y que, en el caso de los transexuales, tanto por la acción de los poderes públicos como por la práctica social, se han visto en situación de desventaja y contrarias a la dignidad de la persona reconocida en su artículo 10; esta Ley no pretende otra cosa que poner solución a estas situaciones.

Sobre todo, al tener que lamentar como  los datos que refleja el Ministerio del Interior en este sentido son dramáticos:

  • 1 de cada 5 han sido atacadas física o sexualmente en los últimos 5 años.
  • Un 77% de las mujeres trans han sido discriminadas a la hora de buscar empleo
  • El 34% de las que trabajan, lo viven dentro del entorno laboral
  • Por esto, un 58% se oculta y no habla de su identidad en el trabajo
  • Y, un 48% no da la mano a su pareja en público

Además, según informes del Ministerio del Interior, entre 2018 y 2019, los delitos por orientación sexual o identidad de género son la tercera causa de delitos de odio, y la segunda que más crece, tras el racismo.

Por todo esto, es imprescindible legislar y lograr un consenso cuánto antes en este tema; y, consideramos que con, este texto, se logrará despatologizar la transexualidad y garantizar la protección y los derechos específicos a toda persona “cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer”.

Por tanto, esta ley trans va mucho más allá de querer permitir que los menores puedan cambiar de sexo en el REGISTRO (que no a operarse, que quede claro) sin necesidad de informe ni tratamiento médico previo, a partir de los 16 años; y, con consentimiento de sus padres, entre los 12 años y 16.

Además, pretende establecer un marco legal adecuado para la prevención, eliminación y reparación de todas las formas de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, así como el impulso de la aplicación transversal del principio de igualdad de trato de las personas LGTBI.

También, reconoce y pone en valor la   diversidad familiar, protegiendo de una vez por todas los derechos de las familias LGTBI, a través de la filiación de los hijos e hijas de las madres lesbianas y bisexuales; el acceso a las técnicas de reproducción asistida para quienes lo necesiten; y, protegiendo a las víctimas de violencia intragénero y en el ámbito familiar.

Por todo esto, no deja de sorprendernos el golpe de timón que ha dado el PSOE, al afirmar que este texto (redactado por un Ministerio de Igualdad creado en el seno de este gobierno), no se trata de un texto de Gobierno; y, más aún cuando lo que recoge este borrador, es aquello que el PSOE defendió en el Congreso en 2019, así como también aquello que promovió en la legislación autonómica de varias CCAA.

En definitiva, este rechazo por parte del PSOE, más allá a pequeñas referencias que hace sobre la autodeterminación de género y en base a la necesidad de dotarlo de ciertas garantías jurídicas, sin especificar ninguna; pierde todo sentido, mientras no aclare por que no vale ahora lo que si valía en 2019 o en ciertas CCAA donde ha legislado al respecto.

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.